Por: Francisco Tijerina E.
La política es una actividad noble y de grandes fines. Por contrario, la politiquería es ruin, cobarde y baja. Para nuestra desgracia, la politiquería en ocasiones alcanza a la Fiesta Brava.
En Mérida, Yucatán ni al Gobierno del Estado, ni al Municipio y muchos a la Comisión de Derechos Humanos, les interesa en lo más mínimo la salud, desarrollo, formación y bienestar del niño torero Michelito Lagravere.
Discutidos los argumentos sobre la participación de Michelito en festivales taurinos, los políticos insisten en utilizar al menor sin recato ni pudor, lo cual sí que debería ser castigado porque reitero, no les importa la salud del chaval, sino que lo emplean como argumento para beneficiar a sus propios partidos políticos.
Es necesario aclarar, para quien no lo sepa, que en Yucatán el gobierno estatal es de un partido y el de la capital, Mérida, es de otro y esto es lo que provoca la pugna en la que subrayo, están utilizando a un menor de edad.
Ya la Procuradora de la Defensa del Menor hubo de echar marcha atrás en su pretendido impedimento para que Michelito torease una encerrona; las contundentes pruebas presentadas por muchísimas personas, además de los test sicológicos a los que fue sometido, dejaron en claro que el niño torero es apto para la práctica de la tauromaquia, como lo es cualquier otro niño que practica el karate, las carreras de motocicletas y go-karts, el futbol americano y muchas otras disciplinas. Michelito no es ningún improvisado, acude a una escuela en donde le enseñan los secretos del toreo.
No conformes con el revés jurídico y público, las huestes del Gobierno del Estado vuelven a la carga, ahora por medio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuyo presidente, Jorge Victoria Maldonado, envió una recomendación al Ayuntamiento de Mérida, así como a otros municipios del interior del Estado, para que se prohíba la participación de niños toreros en festejos y otros eventos que pongan en peligro su vida.
Según el solícito Ombudsman yucateco en los festejos en los que ha participado Michelito "se han vulnerado los derechos del menor, en especial la protección de su integridad". ¿Estará enterado el funcionario que esta misma discusión fue solventada en Francia a favor de Michelito?
Es una verdadera vergüenza que el encargado de velar por los derechos humanos de los ciudadanos de Yucatán se preste a juegos políticos. Es criticable que este funcionario dedique sus esfuerzos a estas acciones y no a defender los derechos de otros menores en situaciones de muchísimo más riesgo como la explotación laboral, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades para la educación y la salud. ¿Es que Victoria Maldonado es ciego o sordo y no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor?
Politiquería barata entre PAN y PRI, entre PRI y PAN, de la que los mexicanos no tenemos culpa, de la que los mexicanos ya estamos hartos, en la que Michelito no debería estar envuelto si es que realmente los funcionarios de gobierno atendiesen lo que dicen defender.
A ver hasta cuándo a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, le dan ganas de trabajar y meter en cintura a tanto político simplón y oportunista. Más vale que la mandataria no salga con el cuento de que la Comisión de Derechos Humanos es autónoma, porque resulta mucho más que evidente que detrás de la "recomendación" del funcionario existe una clarísima, nítida y contundente línea política que busca perjudicar al partido político contrario.
Para los regidores de Mérida, de Valladolid y de todos los Municipios de Yucatán, el llamado a que hagan valer el Artículo 115 Constitucional y respondan al Ombudsman con un atento llamado: ¡Ya póngase a trabajar!, que con sus necedades provoca un desvío de recursos, el cual debe ser castigado por la ley.
