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| Jaime Avilés obtuvo amparo definitivo |
Boletín de prensa
* Afirma su abogado José Arturo Ortiz Peña que el amparo definitivo “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos; hubo colusión del TSJDF que encabeza Edgar Elías Azar, acusan
México, D. F., a 13 de noviembre de 2013
El periodista Jaime Avilés salió airoso de una demanda por daño moral enderezada por el empresario de la Plaza de Toros México, Rafael Herrerías Olea, con la complicidad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal encabezado por Edgar Elías Azar, al recibir el pasado 12 de septiembre un amparo definitivo para anular las sentencias adversas que en primera y segunda instancias dictó en su contra el Juez Trigésimo de lo civil en el Distrito Federal, Francisco Neri Rosales.
Desde marzo de 2012, Rafael Herrerías Olea, administrador de la Plaza de Toros México, demandó al periodista Jaime Avilés, bajo su seudónimo de Lumbrera Chico, el pago indemnizatorio por el daño moral que dijo le causaron las crónicas taurinas publicadas por el diario La Jornada del 26 de diciembre de 2011 y del 12 de febrero de 2012, la primera en la que se le imputó haber robado en Navidad a los dueños el derecho de apartado y la oferta de lidia y carteles que han desanimado la asistencia del público taurino, como su efecto de favorecimiento para alejar la afición taurina y lograr la consolidación fiscal en beneficio de las empresas de Miguel Alemán Magnani.
Ambos juicios se radicaron ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil del Distrito Federal, bajo la titularidad del Juez Francisco Neri Rosales, quien dictó sorpresivamente, obsequiando los fundamentos legales de la demanda de Herrerías, una sentencia fundada en una legislación civil derogada por la vigencia de la ley especial denominada Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, para el Distrito Federal, no obstante su comportamiento escrupulosamente imparcial observado durante el procedimiento en la tramitación de los juicios.
“Mi cliente fue condenado injusta e indebidamente, porque Herrerías invocó leyes que fueron derogadas hace años y que ya no tienen vigencia”, explicó el abogado José Arturo Ortiz Peña, un reconocido especialista en materia de daño moral, que llevó la defensa del crítico de toros.
El enjuiciado Avilés, por conducto de su abogado patrono, promovió dos apelaciones que se radicaron en la Primera y Segunda Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia, integradas respectivamente por los Magistrados José Luis Castillo Lavín, ponente, Alicia Pérez de la Fuente y Martha Lucía Elizondo Téllez, como por Víctor Rolando Díaz Ortiz, ponente, Rubén Loredo Abdalá y Dora Isela Solís Sandoval, quienes inexplicablemente, solícitos, confirmaron en el fallo de apelación las sentencias de primera instancia en todos sus términos.
El agraviado Avilés, promovió sendos juicios de amparo radicados ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado y Tercer Tribunal Colegiado, ambos en materia Civil del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, los cuales repararon los barbarismos jurisdiccionales de las instancias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante 2 ejecutorias que destacaron la importancia del derecho humano a la libertad de prensa y su correlativo de libertad de información, que debe ser privilegiados frente al derecho a la honra de las personas con connotación social, no obstante guardaron riguroso silencio respecto de la legislación derogada en que se fundaron las resoluciones en contra de las cuales concedieron la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jaime Avilés Iturbe.
Existe la precepción entre la comunidad de litigantes en el Distrito Federal, de que desde que llegó Edgar Elías Azar, aumentó la corrupción y el precio de la justicia, de lo que constituye prueba irrefutable la constancia de la actuación judicial en el caso de Jaime Avilés Iturbe, circunstancia que implica un manejo político de intereses de grupos de privilegio en la aplicación parcial de la justicia; expresan en los corrillos del tribunal que Elías Azar “¡le quitó el velo a la esfinge de la justicia!”.
Desde noviembre de 1999 hasta marzo de 2012, “Lumbrera Chico” denunció semana a semana la estafa sistemática cometida por Herrerías Olea contra los intereses de los asistentes al embudo de Mixcoac, “violando en todos sus aspectos el reglamento taurino y la ley de espectáculos del Distrito Federal”.
Pese a que en su carácter de figura pública está expuesto a las críticas que los medios de difusión hagan de sus labores como organizador de espectáculos taurinos, Herrerías Olea –quien ha protagonizado escandalosos episodios, al golpear o amenazar a los jueces que representan al Gobierno del Distrito Federal durante las corridas-- optó por demandar a Lumbrera Chico en febrero de 2012.
En su querella ante el juez Francisco Neri Rosales, el abogado de Herrerías, Ricardo Alfonso Lugo Prieto, arguyó que esto habría causado “daño moral” a su representado. Pese a lo insubstancial de la acusación, Neri Rosales condenó a “Lumbrera Chico” a “publicar a su costa [en La Jornada] un extracto de la sentencia”, a lo que se negó el periodista y por medio de su abogado defensor, José Arturo Ortiz Peña, solicitó el amparo de las instancia superiores, que el pasado 12 de septiembre se lo concedieron en forma definitiva.
La ausencia de ganado “adulto y sano, suplantado por novillos engordados con hormonas, carentes de fuerza y de bravura, que salen al ruedo medio muertos y sólo se prestan a la simulación en que incurren desde el empresario hasta las autoridades, ha terminado por estimular el creciente desprestigio de una tradición cultural con casi 500 años de antigüedad en América”, afirmó el periodista Jaime Avilés, quien escribe de toros bajo el seudónimo de Lumbrera Chico.
José Arturo Ortiz Peña, aseguró que el amparo definitivo otorgado al periodista “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos. Ni los apellidos de alcurnia ni los intereses empresariales familiares de los viejos grupos políticos mexicanos pudieron atropellar la justicia en este caso”.
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